Al permitir la invasión territorial en comunidades indígenas, la modificación de la Ley Forestal también pone en riesgo la vida de defensores territoriales.

Modificatoria de Ley Forestal legitima el despojo territorial

Al permitir la invasión territorial en comunidades indígenas, la modificación de la Ley Forestal también pone en riesgo la vida de defensores territoriales.

La norma también faculta el cambio de uso del suelo de bosques para actividades que implicarían la deforestación. Foto: FSP

16 de diciembre, 2023.- La reciente aprobación de la norma que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre promovería más invasiones en territorios de comunidades nativas de la Amazonía peruana.

En la práctica, esta modificatoria daría paso a la deforestación de bosques amazónicos sin ninguna regulación. Además, pondrá en mayor vulnerabilidad a personas defensoras del territorio.

Esta norma regulariza, como propiedades privadas o en posesión, territorios que han sido arrebatados a los pueblos indígenas”, enfatiza Dennis Meza del Fondo Socioambiental del Perú (FSP).

Modificación de Ley Forestal y de Fauna Silvestre legitima el despojo de territorios indígenas

*Por Dennis Meza Cañamero (Monitor del programa de Apoyo Local del FSP)

Durante la primera mitad del año, distintas organizaciones del Ejecutivo, la academia y la sociedad civil lograron -temporalmente- detener la aprobación de la ‘Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal’.

Sin embargo, el 14 de diciembre, en medio de una crisis política y social por el contubernio entre los distintos poderes del Estado, se aprobaron los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 2315/2021-CR que vulneran los derechos de los pueblos originarios y legalizan la deforestación en la Amazonia.

La modificatoria a la ley señala en su primera disposición complementaria transitoria: “Suspéndase la obligatoriedad de exigir la Zonificación Forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes”. De esta forma, se elimina la obligación de contar con una autorización para realizar actividades agropecuarias, vulnerando los bosques primarios.

Esta situación es especialmente crítica para los aproximadamente 807 mil 078 hectáreas de bosques amazónicos que se encuentran en predios privados (MINAM, 2021), pues faculta a los propietarios a cambiar el uso de suelo para actividades agropecuarias en amplias zonas de bosque. 

En la práctica, esto implicaría deforestar extensas áreas amazónicas sin contar con autorización ni medios de compensación. Así se afectaría a la biodiversidad y las poblaciones originarias que dependen de los recursos del bosque para su subsistencia y actividades tradicionales. 

La ley afecta principalmente a las comunidades nativas que se encuentran en proceso de titulación, pues da carta libre a invasores y traficantes de terrenos a continuar y ampliar sus operaciones, muchas de las cuales tienen estrecho vínculo con actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería y tala ilegal.

Esta norma regulariza como propiedades privadas o en posesión territorios que han sido arrebatados a los pueblos indígenas, sobre los cuales existe una superposición de derechos. Tampoco reconoce los derechos colectivos y ancestrales de los pueblos originarios.

La vulnerabilidad de estas comunidades se evidencia en el cruel asesinato de líderes como Edwin Chota (CC.NN. Alto Tamaya-Saweto) o Arbildo Meléndez (CC.NN. Unipacuyacu), quienes se encontraban exigiendo la titulación de sus territorios ancestrales, ante la inminente presencia de colonos que realizan actividades ilícitas.

Hace solo unas semanas, Quinto Inuma, apu de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, se sumó a esta trágica lista de defensores ambientales asesinados por proteger sus territorios.

La norma aprobada por el congreso premia a los asesinos de Quinto y de todos los defensores ambientales, legitimando a su vez el despojo de los territorios que ancestralmente ocupan los pueblos originarios.

No podemos permitir que se sigan aprobando iniciativas antiderechos. La voz de protesta de las organizaciones sociales, de pueblos indígenas y de otros grupos ciudadanos es clave para hacer frente a estas normas que atentan contra la vida de comunidades originarias.

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*Dennis Meza Cañamero es Antropólogo con estudios en Derecho. Tiene experiencia en el trabajo con comunidades indígenas, gestión de recursos naturales e implementación de proyectos sociales y educativos en zonas andinas y amazónicas. Actualmente, integra el Programa de Apoyo Local del Fondo Socioambiental del Perú.